Hugo Arias Castellanos*
"El hambre y la miseria no tienen color político" sentenció, con vehemente angustia, Jorge Eliécer Gaitán en sus más ardorosos y espléndidos momentos. Por su parte mucha literatura económica y asistencial, originada en instituciones y organizaciones trata de manera teórica, persistente y documentada el tema del hambre, la miseria y la pobreza.
Todos, incluyendo gobernantes, dirigentes y ciudadanos sabemos que eso ha sido y es una verdad de las denominadas “de a puño”. Lo malo de saber eso es que las franjas de pobreza y miseria, es decir de hambre, existen alcanzando unos índices ya no preocupantes sino espeluznantes sin que se haga algo estructural para contrarrestar esos flagelos de implicaciones previsiblemente explosivas y ya manifiestas. Los datos tanto nacionales como internacionales provenientes de fuentes primarias coinciden en señalar que una de cada dos personas sufre la pobreza generada, fundamentalmente, por la inexistencia de ingresos básicos (desempleo) o por la insuficiencia de ellos para atender las necesidades mínimas de vivienda, salud, educación, alimentación, vestuario y movilización. En esas condiciones ¿qué calidad de vida general se puede tener en un Estado “democrático”? ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de las personas del común en las ciudades y en los campos?
El despido para reemplazo simple de empleados, de niveles secundarios o bajos tanto del sector público como del privado, hace que aumenten los impactos y efectos negativos para la convivencia comunitaria. Por grande que se considere el tamaño del Estado (en cualquiera de sus niveles) todo parece indicar que estableciendo unos indicadores de eficiencia mínima, revisando que las escalas salariales sean equilibradas y viables y reasignando funciones para buscar rendimientos máximos puede mantenerse la nómina básica tanto en lo gubernamental como en lo empresarial. A eso hay que agregar que se deben reducir, a sus menores proporciones funcionales todos los demás gastos que no son estrictamente necesarios como nóminas paralelas injustificadas, inoperantes y entorpecedoras; viajes reiterados, costosos e improductivos que impliquen viáticos, capacitaciones inadecuadas e inocuas, compras innecesarias, servicios telefónicos distractores, equipos y vehículos improductivos, inversiones que no sean estrictamente prioritarias, y otros gastos que por pequeños que sean van sumando al déficit presupuestal de todo el sistema. Todos esos gastos “desplanificados” y disfuncionales son factores de despilfarro y de uso ineficiente de recursos públicos, estimulan la corrupción y la ineficiencia en la asignación y uso de esos recursos que son y serán escasos.
El departamento de Boyacá y el país no han preparado cultural ni técnicamente a la población para su desempeño productivo y competitivo; por eso, la mayoría de las gentes ha escondido su falta, involuntaria pero muy gravosa, de capacitación pertinente y útil, enrolándose en las filas de grupos y subgrupos políticos para presionar, muchas veces humillante e inútilmente, su designación temporal en un "puestico" de la burocracia oficial, ya de por sí saturada y cargada de todos los defectos posibles.
Despedir empleados cumplidores de hoy a la calle, como estrategia financiera o de “reemplazamiento” burocrático, incrementa la tasa de desempleo y con ella el hambre y la miseria; y eso equivale, en las condiciones actuales, a “jugar con candela”. Ejecutar esa "estrategia burocrática" insinuando que aliviaría el déficit presupuestal es engañoso, y tiene unas repercusiones sociales tan graves que de éstas solo se sabe cómo comienzan pero no cómo terminan y, también, se sabe que en este caso como en tantos otros "la medicina puede ser peor que la enfermedad".
Los mandos medios y bajos en la administración pública, en su mayoría, no son los culpables de las políticas equivocadas ni del manejo incorrecto e irresponsable de los impuestos que la sociedad paga (llámense presupuestos).
Desde luego que la permanencia de los empleados en las nóminas debe condicionarse, de manera rigurosa, a que trabajen honradamente, a máxima capacidad y a entera satisfacción de la comunidad que es la que incurre en los costos económicos y sociales para mantener esas nóminas.
Los gobiernos de todos los niveles debieran establecer y cumplir una estrategia para la generación creciente y sostenida de trabajo honrado y productivo de todos para beneficio de todos, como condición fundamental para mejorar, estructural y comprobadamente, las condiciones de vida de los gobernados.
Por su parte la comunidad organizada ha de exigir más capacitación intensiva y adecuada, más oportunidades y más estímulos controlados para el trabajo productivo; y menos de esas pequeñas obras “faraónicas” y especulativas que despilfarran o equivocan las posibilidades de soluciones claramente determinantes del desarrollo económico y social. La vinculación a las nóminas burocrático - clientelistas debiera ser una última y poco deseada opción, si la población económicamente activa gozara de condiciones precisas y aplicables de capacitación y de estímulos institucionales sostenidos, para su ocupación productiva y competitiva.
*CGB – GRAN BOYACÁ (Centro de Pensamiento para el Desarrollo en Boyacá)
Director
director@granboyaca.org
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