JORGE VENENCIA VILLATE
A pesar de toda el agua que ha
pasado en los últimos treinta años bajo los puentes de las economías, la
colombiana y la mundial, a pesar de los hechos tozudos y definitivos ocurridos
en el mundo real, siguen considerando que la acción estatal en ese ámbito es
siempre nociva. Que solo la iniciativa, los proyectos y los capitales privados
sirven y generan desarrollo y prosperidad. Que los bienes públicos se deben
vender a los particulares, crecientemente extranjeros, para que asuman la tarea
patriótica de administrarlos. Ahora ,la historia pretende repetirse con Isagen.
Una venta innecesaria e inconveniente a un inversionista internacional
(¿chileno?) o nacional (¿Sarmiento Angulo?).
Isagen es una empresa eficiente
y rentable en términos económicos y estratégicos para el Estado, el sector
productivo nacional y las regiones del país. Ni está mal administrada ni le
drena recursos a las finanza pública.
Ahora el gobierno Santos plantea
venderla toda, dizque para invertir los recursos en infraestructura vial. Una inversión
por lo demás necesaria, pero que no debe hacerse a costa de Isagen.
Isagén no es solo una empresa
pública bien administrada y económicamente rentable sino que en términos de las
obligaciones propias de un Estado social y democrático como el colombiano,
cumple la tarea fundamental e indelegable de ser la reguladora en última
instancia del precio para la venta en bloque de energía a sus distribuidores.
El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la ejecución de los
proyectos establecidos en el Plan de Expansión Eléctrico, que no adelanten
inversionistas privados.
En Colombia el Estado tiene la
doble responsabilidad de ser, en última instancia, regulador de la tarifa y
generador de la generaciòn eléctrica, para asegurar la prestación ininterrumpida
del servicio y protegerlo tanto de los RIESGOS de un mercado no regulado como
de los fenómenos climáticos. El gobierno ha asumido con éxito esas tareas
indelegables a través de Isagén.
La propuesta de financiar con la
venta de Isagén el histórico retraso del país en infraestructura vial, poniendo
en riesgo la estabilidad y equidad en la prestación del servicio público de la
energía, sería una mala e injustificada decisión basada en los prejuicios
ideológicos de una tecnocracia que no aprende de la realidad. Tecnocracia que
en vez de plantearle a la inversión privada el reto de ejecutar nuevos proyectos, le entrega cómodamente una
empresa buena y eficiente que es de todos los colombianos. La Corte
Constitucional debe estar atenta. En el pasado fue clara en que con esa venta,
al igual que ahora, se ponía en riesgo el interés general.
Nota de la dirección de CGB - GRAN BOYACÁ. La responsabilidad de las opiniones que publica www.granboyaca.org es de exclusividad de sus autores. < director@granboyaca.org >
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