DESCENTRALIZACIÓN SIN PUEBLO

                           Jaime Castro *

jcastro@cablenet.com.co

El proceso descentralizador iniciado a mediados de los años ochenta y completado por la Asamblea Constituyente de 1.991, empoderó municipios y departamentos. Les otorgó nuevas competencias y recursos. Les asignó funciones en materias importantes: educación, salud, saneamiento ambiental (acueductos y alcantarillados), servicios públicos domiciliarios, atención a los sectores sociales vulnerables y menos favorecidos, cultura, recreación, deporte, infraestructura física. Mejoró sus ingresos, tanto los que recaudan a título de impuestos, como los que les gira el gobierno central (participaciones en los ingresos corrientes de la Nación). Lo anterior creó, sin duda, un nuevo municipio y un nuevo departamento, porque los fortaleció administrativa y fiscalmente.

Inicialmente los actores de la vida pública local y regional, los tradicionales y los nuevos, se acercaron a ese nuevo escenario con respeto y lo manejaron con resultados que, en términos generales, pueden considerarse aceptables, porque cambiaron el mapa político del país. Nuevas fuerzas políticas, cívicas, comunitarias, independientes y rebeldes en el interior de los viejos partidos hicieron acto de presencia y contaron en varias ocasiones con el respaldo mayoritario de la opinión. La gestión que cumplieron también registró logros significativos. Empezó a vérsele la cara al Estado en provincia. Se amplió la cobertura de los servicios públicos y mejoró su calidad. Se construyeron obras esperadas de tiempo atrás. Algunas políticas sociales se pusieron en marcha.

 La descentralización no produjo todos los resultados que de ella se esperaban, ni satisfizo todas las expectativas que había creado, pero tuvo realizaciones que permitieron decir que ese era el camino, que era necesario continuar recorriéndolo, que al proceso había que darle nuevos desarrollos e introducirle los ajustes que requiera. Pero al poco tiempo la descentralización empezó a deteriorarse, a desnaturalizarse, a pervertirse. Por eso, para vastos sectores ciudadanos, se convirtió en sinónimo de malos manejos, politiquería, burocratización, clientelismo y corrupción. Así ocurrió, porque buen número de municipios y algunos departamentos cayeron en manos de roscas y camarillas, verdaderas mafias políticas, que abusan del poder para propósitos non sanctos.

En primer lugar, para recuperar las inversiones que hicieron en la campaña que los llevó al poder y que son cada día más costosas. También, para pagar favores electorales recibidos en esas mismas campañas. Los pagan a través de nombramientos, contratos, partidas en el presupuesto, otorgamiento de licencias y permisos, decisiones sobre uso del suelo en el POT. Lo utilizan, igualmente, para elegir congresistas amigos, que a veces son familiares cercanos del alcalde o gobernador. Y para imponer el sucesor en el cargo. Obviamente, también lo utilizan para enriquecerse. Como si lo anterior fuera poco, son conocidos los casos de las alianzas que esas “mafias” celebran con los actores ilegales del conflicto.

Hicimos descentralización administrativa (competencias) y fiscal (recursos), no toda la que requiere el país, pero, en términos generales, aceptable, si se le compara, por ejemplo, con lo que ocurre en otros países de América Latina. Descentralizamos administrativa y fiscalmente el poder que tenía el gobierno central, pero no cambiamos las reglas de juego político-electoral para acceder al poder a nivel local y regional, para ejercerlo y para controlar y sancionar el ejercicio que de él se hiciera.

Por ello, la causa principal de la crisis, grave y profunda, que vive la descentralización es política y radica en la ausencia de reglas de juego que le pongan pueblo a la descentralización, porque en este momento no lo tiene, pues cayó en manos de unos pocos.

Se necesita, entonces hacer la reforma política territorial que debe ser el capítulo más importante, el disco duro, de la reforma política nacional que tantas veces se ha ofrecido. Con otras palabras, debe decirse que sin reforma política-territorial no habrá reforma política nacional, porque municipios y departamentos son el hábitat natural de la clase política nacional, que hunde sus raíces en lo que púdicamente llamamos la provincia, y cuyo poder depende del número de ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores que controle y manipule.

Son varios los temas que debe tratar la reforma que ventile la descentralización, que asegure la presencia de nuevas fuerzas sociales y políticas en sus escenarios, que la democratice, que garantice el ejercicio transparente de las funciones que corresponden a municipios y departamentos.

1.  Es necesario acabar con la endogamia política. La misma familia no puede repartiese las curules de las corporaciones públicas y las alcaldías y gobernaciones.

2.  Debe prohibirse que quienes ocupan una curul o desempeñan un cargo de elección popular sean candidatos a otra curul o empleo dentro del periodo para el cual fueron elegidos o un año después de su retiro si faltare tiempo menor para el vencimiento de dicho periodo.

3.  Deben exigirse calidades para ser alcalde o gobernador. No necesariamente títulos profesionales de carácter universitario, porque puede servir para los mismos efectos el trabajo cumplido en organizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, ongs, juntas de acción comunal).

4.  Establecer formas de discriminación positiva a favor de las mujeres y los menores de 25 años que deben ocupar un porcentaje mínimo de las candidaturas que avalen los partidos.

5.  Prever que los ex gobernadores y ex alcaldes de elección popular que lo deseen puedan ser diputados o concejales ad-honoren del respectivo departamento o municipio, cuando haya transcurrido no menos de un periodo después de que hicieron dejación del cargo.

6.  Debería prohibirse la reelección indefinida de ediles, concejales y diputados, o permitirse únicamente la mediata o diferida. Para respetar el principio de igualdad, otro tanto debería hacerse en el caso de los congresistas.

7.  Así como hay un umbral para la validez del ejercicio de varias formas de participación democrática, lo debe haber igualmente para la elección de alcaldes y gobernadores. Si no se logra umbral, se debe repetir la votación con otros candidatos. Y si en ésta tampoco lo hay, que el Presidente de la República o el gobernador, según sea el caso, nombren para el resto del periodo.

8.  Deben ordenarse las dos vueltas, si nadie obtiene en la primera más del 50% de los votos, en la elección de los alcaldes de las ciudades de más de un millón de habitantes y de los gobernadores de los más importantes departamentos.

9.  Debe asegurarse la eficacia política y jurídica del voto en blanco.

10. Se deben acabar las elecciones atípicas  siempre que haga falta absoluta de un alcalde

* Abogado Constitucionalista, Exministro de Justicia, Exembajador de Colombia en Italia, Exministro de Gobierno,Exsenador de la República,  Excalde de Bogotá D.C, Investigador Científico, Escritor.