CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, ¿ESTAMOS DE BROMA?





CATENARIA - Gestión del Conocimiento
E D I C I Ó N - N ° 1 0 1 - A G O S T O - 2 0 1 4
 
Calidad en educación ¿Estamos de broma?
Javier Martínez Aldanondo
Gerente de Gestión del Conocimiento de Catenaria
jmartinez@catenaria.cl y javier.martinez@knoco.com Twitter: @javitomar
Toda verdad reconocida como tal, ha pasado por tres fases, en su proceso de aceptación: primero es ridiculizada, a continuación recibe una violenta oposición, para finalmente ser aceptada como algo natural y evidente (Arthur Schopenhauer)
Meses atrás pregunté a varias personas cuál era el criterio más importante que ellos consideraban  a la hora de elegir un restaurant. Como era de esperar, la inmensa mayoría me respondió "la comida". De nada sirve que el lugar esté decorado lujosamente, la carta sea extensa y sofisticada, las materias primas exquisitas, la vajilla exclusiva, la atención refinada o incluso el precio asequible si la comida es mala. Lo más importante que ocurre en un restaurant tiene lugar en la cocina ya que si esta no entrega la comida a la altura de lo que esperan los comensales, el resto de factores simplemente pierden toda relevancia. Lo mismo sucede con la salud, cuando acudes a un hospital lo más importante es que te curen la dolencia que te aqueja. Si sales enfermo, el sistema no cumple su función y de nada sirve que sea gratis.
Hace años que en Chile, y en muchos otros países, se escucha continuamente la misma cantinela: "Tenemos una educación de muy mala calidad, hay que mejorar la calidad de la educación" (ya en 2011 escribí sobre la trampa de la educación de calidad). Lamentablemente, todos los aportes y las medidas que se están debatiendo para mejorar la educación giran alrededor de esos aspectos que apenas tienen impacto sobre la calidad. Y es que para hablar de calidad en educación es obligatorio entrar en la sala de clases igual que para hablar de calidad en la gastronomía no hay más remedio que meterse en la cocina. ¿Por qué entonces los políticos, economistas e ingenieros que dominan la discusión sobre educación han fijado el debate en los aspectos económicos? La razón muy simple: es el área que dominan, saben de números, presupuestos y estadísticas pero no parecen saber nada de aprendizaje. Y así nos va… ¿Educación gratuita? Igual que la comida, ¿de qué nos sirve si es una porquería? Algunos educadores son conscientes del problema pero no tienen peso en la discusión. Existe unanimidad acerca de que nada condiciona más el futuro de las  personas que el aprendizaje. Por eso, es tan urgente aprovechar la apasionante oportunidad que se nos presenta si somos valientes y corregimos el rumbo. Aún estamos a tiempo.
Antes de analizar ese concepto tan prostituido como es la calidad de la educación, es imprescindible  consensuar en primer lugar qué entendemos por educar. Estoy dispuesto a apostar cualquier cosa a que si preguntamos a 20 personas por su definición de educación, no solo les costará trabajo expresarla sino que además, difícilmente coincidirán. ¿Podemos pontificar sobre la calidad cuando ni siquiera tenemos un acuerdo de lo que esperamos de la educación?
¿Qué es la educación y qué objetivo persigue? Es el proceso por el que los niños y jóvenes aprenden lo necesario para desenvolverse de forma autónoma en el mundo en que viven y que les acogerá. Para ello, el sistema educativo debiera proveer una amplia gama de experiencias que nos aseguren que una vez los alumnos culminan el proceso, contarán con conocimientos (habilidades, actitudes y hábitos) para desempeñar su carrera profesional, participar activamente en la sociedad en que están insertos y desarrollar una sana y equilibrada vida familiar y afectiva.
Ya que hablamos tan alegremente de calidad en la educación ¿cómo podemos estar tan seguros de que nuestra educación es de mala calidad? El sentido común dice que para medir la calidad debiésemos examinar si la educación cumple o no con sus objetivos. Sin embargo, el método pueril que tenemos para determinar la calidad de la educación escolar consiste en evaluar los puntajes que obtienen los alumnos en una serie de pruebas teóricas estandarizadas que se realizan a nivel nacional (SIMCE, PSU, Selectividad, SAT…) o internacional (PISA). Aunque parezca mentira, nuestra valoración de la calidad del sistema educativo descansa en un mecanismo tan simplista y raquítico que no resiste análisis pero que nadie parece atreverse a cuestionar. Tratar de evaluar la calidad de un intangible como la educación mediante exámenes escritos muestra una completa ignorancia de la complejidad del proceso de aprendizaje. Educar y estudiar no tienen nada que ver. Asumir que dado que las notas de los alumnos son peores de lo que nos gustaría (sobre todo cuando se comparan con las de otros países) la calidad de la educación es deficiente, indica un profundo desconocimiento de los objetivos del proceso educativo como nos demuestran diariamente los medios de comunicación. Y es que si por arte de magia, todos los niños se volviesen estudiosos y sus notas fuesen extraordinarias, la calidad de la educación seguiría siendo la misma. Nefasta. No consigo entender que la educación sea considerada como el mecanismo que posibilita el desarrollo de los países y permite combatir la desigualdad, favoreciendo la movilidad social y que el sistema que tenemos para administrarla sea tan desastroso.
 ¿Y la calidad de la enseñanza superior? Dado que en este caso no contamos con pruebas nacionales como las que mencionamos anteriormente, ¿cómo sabemos si la universidad entrega educación de calidad? Para responder esta incógnita es que hábilmente se inventó un mecanismo de acreditación artificial que nuevamente evita colocar al aula como eje del proceso de aprendizaje y que es defendido a ultranza por los máximos responsables de las principales instituciones. ¿Casualidad? No lo creo, hay demasiados intereses en juego y lo que ocurre en la sala de clases nunca ha sido una prioridad para las autoridades académicas. Como veremos más adelante, son los alumnos y las empresas que los contratan, los llamados a evaluar la calidad de la educación superior y, cuando se les pregunta, su opinión no es muy favorable.
¿Y entonces, por qué la educación que tenemos es de mala calidad? La respuesta no tiene nada que ver con los resultados de esas pruebas tan idolatradas como descabelladas. La educación está fracasando porque no es capaz de cumplir con la promesa de preparar a los niños para el mundo en el que se tendrán que desempeñar. Valga como muestra este ejemplo demoledor. España actualmente padece una cifra verdaderamente dramática y vergonzosa: 53% de desempleo juvenil. Es decir, que tras 17 años de educación formal, el mensaje que la sociedad entrega a sus ciudadanos más desprotegidos es que todo el esfuerzo, sacrificio e inversión que han hecho no ha servido para nada. En este artículo "Cómo luchar contra el paro juvenil" se pueden leer 2 frases inapelables: "Una de sus causas, es el desajuste entre la cualificación de las personas y las competencias profesionales que demandan las empresas" … "Las sociedades más exitosas son las que consiguen ajustar las posibilidades formativas y educativas que se ofrecen a los jóvenes a las necesidades de la economía real". Cada vez más personas reconocen que apenas existe relación entre lo que se enseña en el colegio y la universidad y lo que los jóvenes se encontrarán en su vida adulta. ¿Tiene sentido insistir en que los niños y los profesores se esfuercen en estudiar y enseñar las mismas asignaturas cuando lo que estudian no solo es irrelevante, sino que además lo olvidarán en poco tiempo? ¿Es coherente seguir usando metodologías de aprendizaje obsoletas y que contradicen los objetivos del proceso educativo? Es impresentable que la educación siga siendo un negocio pero ¿es realmente prioritario centrar el discurso sobre el lucro, la gratuidad, la libertad de elección, la financiación, el copago, etc. cuando la educación se decide dentro del aula?
¿Quién determina la calidad de la educación? Volvamos a nuestro ejemplo inicial, ¿quién decide que un restaurant es de calidad? ¿el propio establecimiento? ¿el cocinero? Es evidente que quien lo determina es el cliente que recibe el servicio y emite su veredicto. Desde luego, para evaluar la calidad de la comida, no sirve de mucho hacer un test de respuesta múltiple al cocinero, un examen oral a los camareros ni revisar minuciosamente la carta o las instalaciones. Para decidir si la comida es buena, necesitamos probarla y para ello, lo importante no es lo que el chef y su equipo saben o dicen sino lo que hacen. Los atributos de la buena calidad solo se pueden determinar al evaluar el resultado, es decir el plato solicitado. Sin embargo, en el ámbito educativo, otra vez vivimos una situación inaudita porque, actualmente, son las propias instituciones educativas las que insisten en decidir cuando la educación es de calidad. Insisto, la calidad de la educación solo la pueden juzgar los clientes que la reciben. Cuando años después de licenciarse se les pregunta a los ex – alumnos por la utilidad de lo que aprendieron, sus respuestas son devastadoras. De igual forma, las organizaciones que los contratan llevan tiempo denunciando la deficiente preparación de los egresados universitarios. Erasmo de Rotterdam ya lo sabía hace 500 años cuando sentenció que "el colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que olvidar" . La calidad no la decide la institución proveedora ni la asegura un certificado de acreditación ni un título repleto de asignaturas que nunca más aparecen en tu vida. ¿O es que acaso Steve Jobs fue exitoso por lo mucho que estudió? Lo que de verdad importa es cuan bien preparadas salen las personas para poder tomar las riendas de su existencia y en eso, el sistema educativo lleva tiempo fallando estrepitosamente.
Habiendo especificado lo que no funciona adecuadamente ¿Qué camino es el que habría que recorrer para tratar de mejorar la calidad de la educación?
1. Hay que empezar por decidir qué modelo de país se desea y por ende, qué tipo de ciudadano queremos, algo todavía lejano en el caso de Chile según Patricio Meller. Hoy tenemos una sociedad consumista a ultranza y el modelo educativo lo refleja a la perfección: La educación es un producto, un bien de consumo, de hecho es un magnífico negocio para muchos y por eso mismo era esperable que surgiesen tantos defensores que se resisten a cambiarla. Eso explica por qué el análisis de la educación se plantea desde el punto de vista económico. ¿Es nuestro sistema educativo la mejor solución para que los niños aprendan? Cualquiera que tenga 2 dedos de frente responderá que colocar 1 profesor con 30 alumnos a contarles cosas no es la mejor alternativa (lo ideal es 1 profesor con 1 alumno) pero indudablemente, es la más rentable. Cuando hayamos acordado qué tipo de ciudadano queremos tener (democrático, solidario, tolerante, creativo, emprendedor, preocupado por el medio ambiente, diverso, ético, global, tecnológico, etc.) tendremos que decidir sobre otros 2 aspectos clave: qué aprender y cómo hacerlo.
2. QUÉ es importante que nuestros niños aprendan para poder aspirar a ese tipo de ciudadano. En este punto encontramos uno de los principales escollos de todo el sistema: El curriculum. Si de verdad queremos mejorar la educación, rehacer el curriculum es un paso innegociable que desatará una guerra abierta en toda regla porque millones de puestos de trabajo dependen de mantener el sistema actual: las mismas asignaturas, los mismos libros de texto, los mismos exámenes… Sabemos de sobra lo que espera a un joven cuando termina su etapa educativa: Participar en la sociedad, trabajar por cuenta ajena/emprender negocios propios, crear una familia, manejar su salud y sus finanzas personales y laborales, batallar  con aspectos legales, gestión de sí mismo/autodesarrollo, convivir con la tecnología, gestionar la incertidumbre (cambiar muchas veces de trabajo, de país, de profesión, de familia), etc. Y sabemos también qué habilidades hacen falta para poder lidiar con todos esos desafíos: Leer, escribir y hablar, pensar y razonar, negociar, comunicar, liderar, relacionarse con otros y gestionar conflictos, dominar idiomas, vender, innovar, manejar proyectos (diagnosticar, planificar, gestionar), aprender continuamente, etc. No hace falta ser un genio para comprender que el precario curriculum que tenemos, diseñado a finales del SXIX, ya no se sostiene más. La vida no se parece en nada a lo que sucede en el aula. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? En palabras de Einstein "todo el mundo es un genio pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, vivirá toda la vida creyendo que es estúpido". ¿Tiene sentido el mismo curriculum para todos? ¿Tendremos el valor de innovar y reinventarlo?
3. CÓMO debiesen aprender lo que decidimos que es importante. Cada vez hay menos personas que nieguen que la mejor manera de aprender es haciendo aunque el sistema educativo no parezca haberse enterado y continúe basando su modelo en el libro, la pizarra y la lección magistral. Indudablemente hay que agradecer que la sociedad haya favorecido el acceso de miles de personas a la educación porque eso te permite conocer las ideas de otros, pero el siguiente paso consiste en enseñarte a crear las tuyas, a pensar y proponer tus propias opiniones en lugar de repetir lo que otros dijeron o hicieron. Por eso, el principal cambio en la educación es pasar de escuchar a hacer y para ello, es indispensable incorporar nuevas metodologías, eliminar los tests, trabajar por proyectos y por problemas, con casos, con juegos, con errores, en definitiva, aceptar que primero va la práctica y luego la teoría.
Como parece poco probable que se modifiquen los curriculums a corto plazo, hay un par de iniciativas que, mientras tanto, podemos llevar a cabo: Dado que es injusto y temerario exigir a un joven de 18 que decida qué quiere estudiar cuando no conoce nada del mundo del trabajo, la primera consiste en que antes de entrar a la universidad, todos los jóvenes pasen 1 ó 2 años de experiencia en el ámbito laboral para conocer los posibles trabajos en los que podrían desempeñarse en el futuro. El objetivo no es que adquieran conocimientos sino que se familiaricen con la manera en que funciona una empresa, qué se hace y cómo se hace. Durante ese periodo, tendrían que rotar cada mes por una empresa o institución diferente (un hospital, la redacción de un periódico, una fábrica, una ONG, una institución pública…) y de esta forma estarían muchísimo mejor equipados a la hora de escoger a qué se quieren dedicar. Relacionado con esto mismo, no conozco ningún estudiante universitario que no piense luego en trabajar en aquello en lo que se graduó. Por tanto, la segunda iniciativa consiste en incorporar de forma explícita a las empresas en el diseño de los curriculum y también en su impartición ya que ellas van a recibir a los egresados universitarios. El sentido común dice que la mayoría de los profesores debiesen ser profesionales en ejercicio con experiencia en el mundo real de aquello que enseñan…
Si gran parte de lo que estudias en colegio y universidad nunca más lo vuelves a ver y si la forma en que evaluamos el aprendizaje (examen) nunca más aparece en nuestra vida laboral ¿Entonces por qué que lo seguimos haciendo? Porqué seguimos convencidos de que el modelo es correcto y lo que fallan son los resultados y por tanto la culpa es de los profesores que son mediocres y los alumnos que no estudian. En lugar de insistir en "más de lo mismo" ¿no habrá llegado ya la hora de cambiar el modelo de una vez por todas?
Hay muchos otros aspectos que necesitan ser abordados si realmente queremos mejorar la calidad de la educación. Para empezar, habría que redefinir sin miedo alguno el rol de los actores que deben participar en el proceso: profesores, alumnos, escuelas y universidades, profesionales, ciudadanos, el estado y desde luego las empresas. Y hay un factor que va a jugar un papel esencial porque es el único que nos va a permitir llevar educación de calidad sin limitaciones, a todas las personas, en todos los lugares y en todo momento: La tecnología.
El jueves 4 de septiembre de 9:00 a 11:00 presentaremos una nueva edición del curso Gestión del Conocimiento, fundamentos y herramientas que realizamos con la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, en el Centro de Extensión situado en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 390, Santiago, Sala Colorada 1er piso (para asistir, dirigirse a Juan Gonzalez ucyc@ing.puc.cl).
El 16 y 17 de octubre participaremos en la VII Jornada Internacional de Aprendizaje, Educación y Neurociencias organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Y el 4 y 5 de noviembre estaremos en la Expoelearning que se celebrará en Santiago de Chile organizada por Aefol.


 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ASIGNATURA PENDIENTE

                                                                                                      Por Jaime Castro *


López Michelsen consiguió que el Congreso, mediante acto legislativo, el 2 de 1997, convocara la pequeña constituyente  que debería hacer las “reformas de envergadura” que requerían la administración de justicia y el régimen departamental y municipal. Para conseguirlo, adujo que las Cámaras de entonces no reunían las condiciones que les permitieran tratar en debida forma los temas objeto de la convocatoria y aprobar reformas tan importantes como las que en otras materias expidieron en 1936 y 1945, pues  sus tareas principales habían cambiado y no disponían, por ello y otras razones más, del tiempo y el ambiente necesarios para investigar, estudiar y decidir temas tan complejos y técnicos, en algunos de sus aspectos, como los que trataría la constituyente. Agregó que esos eran asuntos que no interesaban “mayormente a los partidos”, que se ocupaban más de los asuntos “estrictamente electorales”, y menos de los que de verdad importaban a la ciudadanía. Habló, inclusive, de los “intereses particulares” y “creados” que algunos o muchos congresistas tenían o podían tener en el tratamiento que esos temas recibieran.
La Corte Suprema, que ejercía el control de constitucionalidad, declaró inexequible el acto legislativo 2 de 1977. Lo hizo porque “temió” que la constituyente creara la Corte Constitucional y convirtiera la Suprema en Corte de Casación.

                                                  LA CUESTION TERRITORIAL

A pesar de que la crisis de municipios y departamentos era grave,  tuvieron que pasar 10 años para que el Congreso se ocupara de ella. Expidió el acto legislativo 01 de 1986 que ordenó la elección popular de alcaldes, eliminó facultad centralizadora que tenían los gobernadores (revocar los actos de los alcaldes), dispuso que los tesoreros locales fuesen elegidos por los alcaldes y no por los concejos y autorizó que se realizaran “consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo distrito municipal”.
La Constitución de 1991 dio nuevos desarrollos al proceso descentralizador que comenzó con el anterior acto legislativo. Dispuso expresamente que Colombia se organiza como República “descentralizada, con autonomía de sus entidades descentralizadas” (art.1°), que son “los departamentos, los distritos y los municipios” y pueden serlo las regiones y las áreas metropolitanas que se conviertan en distritos (arts. 286, 307 y 319). Enumeró los que considera derechos de las entidades territoriales (art. 287). Definió al municipio como “entidad fundamental de la división político administrativa del Estado” (art. 311). Incrementó las transferencias, hoy participaciones de las entidades territoriales en los ingresos ordinarios de la Nación (arts. 356 y 357). Y ordenó la elección popular de gobernadores (art. 303).
A pesar de las anteriores y otras importantes decisiones que adoptó, la Carta del 91 no cambió el modelo de ordenamiento territorial que rige desde el Estatuto de 1886 y cuyos elementos esenciales no fueron modificados: el Estado sigue siendo unitario y el departamento es, en la práctica, el único nivel o plano intermedio de la organización territorial.
Este último punto, el del nivel intermedio,  era tal vez el más importante que debía decidir la constituyente del 91.Tenía que escoger entre el departamento o la región, entre un Estado departamental o uno regional. No tuvo valor político para hacerlo. Prefirió que prevalecieran los intereses políticos que han hecho de los departamentos meras circunscripciones para la elección de diputados, representantes y senadores, que cuentan, además, con financiación propia, porque sus licoreras y loterías son la caja negra de la financiación estatal de buen número de campañas al Congreso. Aunque la Constitución dispone que el Senado es nacional, porque se elige en circunscripción nacional, la casi totalidad de sus miembros es elegida departamentalmente (la votación mayoritaria de cada senador es obtenida en el departamento del que son oriundos o en el que ejercen su actividad política).
Como el tema del nivel intermedio era inescapable, decidieron los constituyentes que no hubiera uno solo, como tiene que ser, porque en la Colombia de aquí y de ahora, por múltiples razones, no es posible que coexistan, simultáneamente, varios niveles intermedios. Decidieron, se repite, que hubiera tres niveles intermedios: regiones, que serían entidades supradepartamentales; departamentos, los que se conocían y los que creó, porque a las intendencias y comisarias que existían  les dio esa categoría; y provincias, que serían organizaciones supramunicipales, aunque sub-departamentales. El Congreso se encargaría de darle vida a las regiones  y provincias. Obviamente no lo ha hecho, ni lo hará, sobre todo, porque representantes y senadores  no tienen interés en crear entidades u organizaciones que compitan con los departamentos que son su circunscripción electoral y su hábitat político y cuyas administraciones sirven bien sus intereses político electorales.

                                       PROCESO DESCENTRALIZADOR
                  
Las decisiones constitucionales de 1986 y 1991 y las leyes que las desarrollaron le dieron vida al proceso descentralizador que cumple 25 años, porque se inició con la primera elección de alcaldes en 1988.
En sus primeros 10 o más años de vida produjo resultados alentadores según mediciones que de él hicieron el Banco Mundial y Planeación Nacional, entre otros. No todos los resultados esperados, pero suficientes para poder decir que ese era el camino y que convenía introducirle al proceso los ajustes que requiriera y darle los desarrollos que necesitara.
Empezó a cambiar el mapa político del país. Fueron elegidos alcaldes y gobernadores que no pertenecían a los partidos históricos que habían monopolizado la titularidad de esos cargos. Nuevas fuerzas políticas y sociales -independientes, cívicas, comunitarias y rebeldes al interior de las organizaciones tradicionales -  aparecieron en la vida pública regional y local. Exsacerdotes de la iglesia católica ganaron las alcaldías de Barranquilla, Cúcuta, Montería, Dorada y Sogamoso. La cobertura y calidad de servicios como la salud y la educación mejoraron. También, las de los servicios domiciliarios. Empezó a verse inversión pública en todo el territorio nacional, aun en las regiones más apartadas.
Lentamente, como producto también de un proceso, la descentralización se fue desnaturalizando y pervirtiendo hasta convertirse, para vastos sectores de opinión, en sinónimo de politiquería y corrupción. Así ha ocurrido porque buen número de municipios y departamentos cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas y abusan del poder con fines non sanctos. Lo utilizan con el propósito, casi único y exclusivo, de recuperar, debidamente incrementadas, las inversiones hechas en campañas cada día más costosas, de pagar con licencias, permisos, autorizaciones, contratos y burocracia, los favores electorales recibidos, de perpetuarse como grupo en el ejercicio del poder y de participar activamente en la elección de congresistas amigos. Últimamente han decidido “imponer” su sucesor en el cargo. Lo hacen con el cuento de que es necesario darle continuidad a la obra de gobierno que se está ejecutando, cuando lo que buscan en realidad es persona de confianza que no destape las ollas podridas que encuentre y le cubra las espaldas a quien se va. Esos mismos grupos, u otros, externos pero no ajenos a la vida regional y local, consideran que la descentralización debe pagar el precio de la corrupción y, por ello, saquean patrimonios y presupuestos públicos.

                        Falto cambiar las reglas de juego política electorales

 Las causas de esta grave crisis son varias, pero la de mayor peso es política. Hicimos descentralización administrativa y fiscal, porque a municipios y departamentos les dimos competencias y recursos, es decir atribuciones para que mejoraran las condiciones y calidad de vida de sus habitantes y  construyeran el progreso local. También, recursos propios, regalías y transferencias del gobierno nacional para que financiaran la ejecución de programas y proyectos, pero no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder en esos niveles, para ejercerlo y controlarlo.
Creamos un nuevo departamento y un nuevo municipio. Los empoderamos. En un principio, los actores tradicionales y nuevos respetaron el escenario renovado en el que debían actuar. Pero, al poco tiempo, los tradicionales, como los acólitos, le cogieron  confianza a los objetos sagrados y volvieron a hacer de las suyas, a sus viejas prácticas. Y los nuevos, en corto tiempo, fueron dominados por el régimen y terminaron haciendo lo que habían denunciado. Y traicionaron el discurso que les había permitido ganar el favor popular en las urnas.
Por ello, el problema no es administrativo ni fiscal. Mal que bien, las instancias sub-nacionales de gobierno tienen los instrumentos administrativos y fiscales que les permiten cumplir sus funciones. No lo hacen, en buen número de  casos, porque quienes se apoderaron de dichas instancias las utilizan con fines distintos del bien común.
Lo que se requiere es, entonces, profunda reforma política territorial que, además, es el capítulo más importante de cualquier reforma política nacional, porque es claro que no se logrará esta última si no se hace aquélla. Llama la atención por ello que ni el gobierno nacional, ni el congreso, ni los partidos, que son las instancias decisorias en la materia, no hacen lo que deberían hacer, tal vez porque los intereses de los representantes y senadores y demás beneficiarios del  desorden territorial que tenemos no les permiten actuar en la dirección correcta. Olvidaron, inclusive, la descentralización, que ya no hace parte de su agenda, si es que alguna vez, de verdad, se ocuparon seriamente de ella.

                                                      Reformas a la lata

Como el tema territorial es problema del que de todas maneras deben ocuparse los actores políticos antes citados, a la Carta del 91 se le han hecho numerosas reformas con el propósito de solucionarlo. Pero ninguno de los 15 o más actos legislativos dictados con ese fin ha sacado la descentralización de la crisis que vive y que le está haciendo perder cada día más espacio en la conciencia ciudadana.
Nada o muy poco ha ganado el proceso autonómico con esos actos legislativos. En algunos casos se puede decir que perdió. Nada o muy poco ganó con haberle dado el carácter de distrito a algunas ciudades (actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 2007); con haber ampliado en dos ocasiones el periodo de alcaldes y gobernadores y de las corporaciones públicas subnacionales (actos legislativos 1 de 1996 y 02 de 2002); con haberle dado nuevas funciones a las asambleas, entre ellas la de aprobar mociones de censura, que también fue otorgada a algunos concejos locales (actos legislativos 01 de 1996 y 01 de 2007); con haber congelado el número de concejales de Bogotá y haber tomado decisión parcial sobre el nombre de la ciudad (actos legislativos 1 de 2000 y 3 de 2007); con haber dictado normas sobre los planes de desarrollo territorial (acto legislativo 02 de 1993); con haber decidido que obligan la lista única, el umbral y la cifra repartidora en la elección de concejos y asambleas (actos legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009);con haber ordenado que los diputados tengan remuneración permanente, en vez de honorarios por sesión (acto legislativo 01 de 1996); con haber recortado las transferencias o participaciones y decidido sobre su destinación (actos legislativos 01 de 1995, 01 de 2001 y 04 de 2007); con haber  dispuesto que las normas sobre sostenibilidad fiscal rigen a nivel territorial (acto legislativo 3 de 2011); y con haber decidido que las regalías pertenecen a todas las entidades territoriales y no solo a unas pocas (acto legislativo 5 de 2011).

                                             Ponerle pueblo para quitársela
                                                   a las mafias políticas 
                                              
A pesar de tanta reforma constitucional- las del 91 y las que han sido promulgadas después- la descentralización vive su más grave y profunda crisis, porque no hemos hecho la reforma política territorial que se requiere para ponerle pueblo, porque ahora no lo tiene, y para que de verdad cumpla sus propósitos y objetivos. De esa gran reforma deben hacer parte, entre otros, temas como los siguientes:


1. En toda elección de alcaldes y gobernadores debe participar no menos del 40 o 50% del respectivo censo electoral. Si en la primera votación no se logra dicho porcentaje, ésta debe repetirse dentro de los dos meses siguientes, inclusive con la presencia de nuevos candidatos. Si en la segunda oportunidad tampoco se alcanza, debe entenderse que la ciudadanía renunció al derecho que tenía de elegir alcalde o gobernador, por lo cual la autoridad superior (Gobernador o Presidente) nombraría para el periodo de que se trate.

2. Para ser elegido alcalde de ciudad que tenga más de 100.000 habitantes debe obtenerse no menos del 33% de la votación total. Habría segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno de los aspirantes haya logrado el citado porcentaje.
3. Debe repetirse la votación para alcaldes y gobernadores, con candidatos distintos a los que se presentaron en la primera ocasión, cuando el voto en blanco sea mayoría relativa, o sea la mayor votación comparada con las de cada uno de los candidatos.

4. En las elecciones atípicas la abstención ha sido del 70% (aprox.) para darle mejor legitimidad y representatividad a los alcaldes y gobernadores que en ellas se escojan, debe disponerse que su elección se haga para periodos de cuatro años, y no para lo que reste del periodo en curso.

5. Conviene adoptar fórmula de “discriminación activa” a favor de las mujeres y de personas menores de 25 años. Así se garantiza su inclusión en las listas que se inscriban para asambleas, concejos y juntas administradoras. Los temas que se debaten y deciden en municipios y departamentos interesan particularmente a esos grupos sociales (salud, educación, aprovechamiento del tiempo libre, vivienda, atención a los sectores más vulnerables de la población, cultura, deporte). Por eso cada día son más las mujeres y jóvenes que se inscriben como candidatos, por ejemplo, a las juntas administradoras locales de las grandes ciudades. En la Localidad de Chapinero, en Bogotá, todos los ediles elegidos en el 2003 fueron mujeres. Las listas inscritas tenían varones y mujeres, pero la ciudadanía decidió, en una especie de acuerdo tácito que nadie promovió, que era mejor elegir mujeres. Fue audaz apuesta política que ganaron quienes la hicieron. Los socialistas franceses reformaron la Constitución para ordenar la paridad de género en todas las listas electorales (los partidos que no cumplan pierden el derecho que tenían a la financiación que el Estado otorga a las formaciones políticas). Las feministas argentinas cuando plantearon reivindicación comparable acuñaron sugestivo slogan: “las mujeres cambian, si algunas hacen política; la política cambia, si son muchas las que están en política”. En razón de lo dicho, debe disponerse que no menos del 50% de los renglones que se inscriban para concejos, asambleas y juntas administradoras sean ocupados por mujeres y varones menores de 25 años, en proporción que cada partido decidirá.

6. Se debe Inhabilitar como candidatos al congreso  a los cónyuges, compañeros, hermanos, hijos o padres de los gobernadores y alcaldes de ciudades que tengan más de 100.000 habitantes. Así se combaten el nepotismo y los clanes familiares en la política.

7. También es necesario inhabilitar como candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas a los cónyuges, compañeros, hermanos, hijos o padres de los congresistas. Esta propuesta y la anterior combaten la monogamia política.

8. Conviene inhabilitar a los diputados y concejales de ciudades de más de 100.000 habitantes como candidatos al congreso si los periodos se superponen, aunque renuncien a la primera investidura.

9. Urge limitar en el tiempo la duración de las campañas, entre otros propósitos, con el de reducir sus costos que terminan trasladándose a los presupuestos de municipios y departamentos. El proselitismo político electoral sólo debería autorizarse dentro de los dos meses anteriores a las votaciones. Como los elevados costos de las campañas se traducen, casi que forzosamente en corrupción, hay que reducirlos de manera apreciable.

10. Estamos en mora de fijar calidades, preparación y experiencia en el sector público o el privado para ser edil, concejal, alcalde, diputado o gobernador. Quienes argumentan que este tipo de exigencias violan principios democráticos no tienen razón, porque la formación académica hoy se ha masificado y la experiencia también se debe poder acreditar con trabajo político o social.

11. Debe cambiarse la ley que ordena estímulos a los votantes porque está llevando a las urnas ciudadanos que votan en blanco, no marcan el tarjetón o anulan deliberadamente el voto pues sólo buscan el certificado que garantiza las ventajas ofrecidas (tarde libre en el trabajo, descuentos en los derechos académicos que se pagan en las universidades oficiales). Los estímulos que se deben conceder tienen que ser otros, por ejemplo, puntos para obtener los subsidios y ayudas que otorgue el Estado.

12. Conviene facilitar mediante la eliminación y simplificación de requisitos el ejercicio de las formas de democracia directa y participativa que crea la Constitución y desarrolla la ley 134 (referendo, iniciativa popular, consulta, revocatoria del mandato).

13. Deben revisarse a fondo los organismos de control y sus procedimientos de trabajo, porque unos y otros fueron diseñados para abusos y delitos que se han sofisticado, no dejan rastro ni huella, y, por eso, son difíciles de sancionar.

14. Hay que regímenes políticos, administrativos y fiscales diferentes para las entidades territoriales, en función de sus características, población e importancia económica. La unidad nacional que se debe conservar, no exige uniformidad legislativa que a veces se convierte en camisa de fuerza para el desarrollo y progreso de muchas entidades, o las hace incurrir en costos que van más allá de sus posibilidades.

                                              Clave de la guerra o de la paz

La reforma territorial no es fórmula única para conseguir la paz, pero es parte importante de lo que se debe hacer, porque el conflicto que padecemos hunde sus raíces en la tierra: el inequitativo reparto de la propiedad agraria y la lucha por el poder a nivel regional y local. Por ello, debe preverse y garantizarse que el poder político y administrativo del Estado, del que son titulares municipios y departamentos, sea ejercido por los reinsertados que democráticamente ganen alcaldías y gobernaciones. Para que buen número de subversivos se reincorporen a la vida ordinaria de la Nación cuentan las posibilidades ciertas y reales que se ofrezcan a quienes tengan definida vocación política y quieran presentar sus ideas y propuestas sobre el servicio ´público y la manera de lograr el bienestar colectivo. Para conseguirlo es necesario crear las condiciones que les permitan defender, dentro de la ley, sus proyectos y detentar al menos parte del poder público.
Como no hay puestos en el gobierno ni curules en el congreso para todos ellos, deben organizarse y consolidarse espacios, distintos de los nacionales, verdaderos centros de poder, que faciliten la realización de las aspiraciones políticas que hayan contado con el favor popular. Que antiguos comandantes y militantes de la guerrilla, después de desmovilizarse, sean elegidos ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, particularmente en las regiones que de hecho han controlado y que, por ello, consideran históricamente suyas, tiene que hacer parte del post-conflicto. Si es el “precio” que el país debe pagar para lograr la esquiva paz, puede decirse que la “sacaríamos barata”.
Infortunadamente los municipios y departamentos que hoy tenemos no son escenario válido para los efectos anotados, porque buen número de ellos han caído, como se dijo, en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas, a tal punto que para cada día más amplios sectores de opinión la descentralización se volvió sinónimo de politiquería y corrupción.
Conviene repetir que el remedio a esta anómala situación no es de carácter administrativo ni fiscal, porque municipios y departamentos, en términos generales, tienen competencias y recursos que les permiten cumplir aceptable y positiva gestión en favor de las comunidades que gobiernan. Su problema es fundamentalmente político. Los empoderamos administrativa y fiscalmente, pero no cambiamos las reglas de juego para acceder al poder, ejercerlo y controlarlo. Lo que se necesita, entonces, son reglas de juego que garanticen a nivel regional y local que el poder se gana en competencia libre y transparente, se ejerce de manera honesta y eficiente y se controla   mediante instrumentos que efectivamente evitan y sancionan los abusos de los elegidos. Reglas que acaben con la descentralización sin pueblo, en que se ha convertido el proceso en curso, porque es muy pobre la participación ciudadana en la vida pública de las entidades territoriales.
Con otras palabras,  la reforma territorial que se requiere con urgencia debe ser puente de plata para la consecución de la paz. El Congreso no la ha hecho, porque comprometería cacicazgos y baronatos electorales que son mayoría en las cámaras y nadie se hace el haraquiri en política.
Al logro de los propósitos enunciados no contribuye la congelación del mapa político administrativo del país que en mala hora decretamos, porque las leyes dictadas después de la Carta del 91 no promueven, ni siquiera facilitan, la organización de regiones y provincias, no reglamentan la creación de nuevos departamentos, lo cual hace imposible que el tema se debata, y, en la práctica, prohibieron la creación de nuevos municipios. Con otras palabras, vamos en contravía de lo que son nuestras  necesidades en ese campo.

                                                           Conclusión

Infortunadamente quienes tienen poder para tomar decisiones como las citadas y la obligación política de tomarlas no las adoptan porque no se han dado cuenta que un país de regiones, ciudades y pequeños municipios como Colombia no se puede gobernar ni administrar desde un solo centro de poder y que una organización territorial que cree espacios democráticos para la participación ciudadana en la vida pública es una de las claves de la guerra o de la paz. También puede ocurrir que no lo hacen porque son beneficiarios del desorden territorial que tenemos y no quieren, entonces, que la situación cambie. Por esas u otras razones, López Michelsen tenía razón cuando dijo hace cerca de 40 años que el Congreso no haría la reforma regional y local que el país requiere. Su planteamiento es cada día más valido y explica por qué el ordenamiento territorial se nos ha vuelto asignatura pendiente.

*Abogado Constitucionalista, Consultor y Asesor

Uruguay fortalecerá aprendizaje de matemáticas y expandirá enseñanza de inglés con apoyo del BID *

Plan Ceibal II alcanzará a 90.000 estudiantes de educación primaria y media, y ampliará el modelo Ceibal en inglés a 2.000 grupos de escuelas públicas urbanas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$6 millones para financiar en Uruguay el Plan Ceibal II, que contribuirá a fortalecer el aprendizaje de matemáticas de 90.000 estudiantes de educación primaria y media, y ampliará la enseñanza de inglés hasta por lo menos el 50 por ciento del total de los grupos de 4º, 5º y 6º de educación primaria pública urbana.
El Plan Ceibal II Apoyo a la Educación en Matemáticas e Inglés en Primaria y Media tiene como objetivo central contribuir, a través del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), al mejoramiento de los aprendizajes de matemáticas e inglés en la educación primaria y el ciclo básico de la educación media.
La iniciativa tiene tres componentes que son la expansión de la Plataforma Adaptativa de Matemáticas (PAM), la expansión del modelo Ceibal en inglés y la evaluación del impacto de estas experiencias.
Entre las acciones a emprender se encuentran la ampliación de la cobertura de los docentes y estudiantes que conocen y utilizan la PAM para fortalecer los aprendizajes de matemáticas, previéndose aumentar de 280 a 400 las escuelas de primaria y de 52 a 125 los centros de educación secundaria con capacidad instalada para el uso de esa plataforma.
Del mismo modo, se expandirá el Ceibal en inglés a 2.000 grupos de 4º, 5º y 6º de escuelas públicas urbanas, por medio de la contratación de maestros remotos, asistencia técnica a 2.000 maestros de aula que incluye acciones de capacitación y promoción, la entrega de materiales a las escuelas, y una nueva versión de la plataforma CREA de gestión de contenidos digitales para facilitar el trabajo entre los maestros remotos de inglés y los docentes de aula.
El crédito del BID de US$6 millones tiene 25 años de plazo, un período de gracia de 42 meses, una tasa de interés basada en Libor y cuenta con una contrapartida local de US$921.000.
* Comunicado de prensa del BID

DESCENTRALIZACIÓN SIN PUEBLO



                           Jaime Castro *
jcastro@cablenet.com.co

El proceso descentralizador iniciado a mediados de los años ochenta y completado por la Asamblea Constituyente de 1.991, empoderó municipios y departamentos. Les otorgó nuevas competencias y recursos. Les asignó funciones en materias importantes: educación, salud, saneamiento ambiental (acueductos y alcantarillados), servicios públicos domiciliarios, atención a los sectores sociales vulnerables y menos favorecidos, cultura, recreación, deporte, infraestructura física. Mejoró sus ingresos, tanto los que recaudan a título de impuestos, como los que les gira el gobierno central (participaciones en los ingresos corrientes de la Nación). Lo anterior creó, sin duda, un nuevo municipio y un nuevo departamento, porque los fortaleció administrativa y fiscalmente.

Inicialmente los actores de la vida pública local y regional, los tradicionales y los nuevos, se acercaron a ese nuevo escenario con respeto y lo manejaron con resultados que, en términos generales, pueden considerarse aceptables, porque cambiaron el mapa político del país. Nuevas fuerzas políticas, cívicas, comunitarias, independientes y rebeldes en el interior de los viejos partidos hicieron acto de presencia y contaron en varias ocasiones con el respaldo mayoritario de la opinión. La gestión que cumplieron también registró logros significativos. Empezó a vérsele la cara al Estado en provincia. Se amplió la cobertura de los servicios públicos y mejoró su calidad. Se construyeron obras esperadas de tiempo atrás. Algunas políticas sociales se pusieron en marcha.
 La descentralización no produjo todos los resultados que de ella se esperaban, ni satisfizo todas las expectativas que había creado, pero tuvo realizaciones que permitieron decir que ese era el camino, que era necesario continuar recorriéndolo, que al proceso había que darle nuevos desarrollos e introducirle los ajustes que requiera. Pero al poco tiempo la descentralización empezó a deteriorarse, a desnaturalizarse, a pervertirse. Por eso, para vastos sectores ciudadanos, se convirtió en sinónimo de malos manejos, politiquería, burocratización, clientelismo y corrupción. Así ocurrió, porque buen número de municipios y algunos departamentos cayeron en manos de roscas y camarillas, verdaderas mafias políticas, que abusan del poder para propósitos non sanctos.
En primer lugar, para recuperar las inversiones que hicieron en la campaña que los llevó al poder y que son cada día más costosas. También, para pagar favores electorales recibidos en esas mismas campañas. Los pagan a través de nombramientos, contratos, partidas en el presupuesto, otorgamiento de licencias y permisos, decisiones sobre uso del suelo en el POT. Lo utilizan, igualmente, para elegir congresistas amigos, que a veces son familiares cercanos del alcalde o gobernador. Y para imponer el sucesor en el cargo. Obviamente, también lo utilizan para enriquecerse. Como si lo anterior fuera poco, son conocidos los casos de las alianzas que esas “mafias” celebran con los actores ilegales del conflicto.
Hicimos descentralización administrativa (competencias) y fiscal (recursos), no toda la que requiere el país, pero, en términos generales, aceptable, si se le compara, por ejemplo, con lo que ocurre en otros países de América Latina. Descentralizamos administrativa y fiscalmente el poder que tenía el gobierno central, pero no cambiamos las reglas de juego político-electoral para acceder al poder a nivel local y regional, para ejercerlo y para controlar y sancionar el ejercicio que de él se hiciera.
Por ello, la causa principal de la crisis, grave y profunda, que vive la descentralización es política y radica en la ausencia de reglas de juego que le pongan pueblo a la descentralización, porque en este momento no lo tiene, pues cayó en manos de unos pocos.
Se necesita, entonces hacer la reforma política territorial que debe ser el capítulo más importante, el disco duro, de la reforma política nacional que tantas veces se ha ofrecido. Con otras palabras, debe decirse que sin reforma política-territorial no habrá reforma política nacional, porque municipios y departamentos son el hábitat natural de la clase política nacional, que hunde sus raíces en lo que púdicamente llamamos la provincia, y cuyo poder depende del número de ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores que controle y manipule.
Son varios los temas que debe tratar la reforma que ventile la descentralización, que asegure la presencia de nuevas fuerzas sociales y políticas en sus escenarios, que la democratice, que garantice el ejercicio transparente de las funciones que corresponden a municipios y departamentos.
1.  Es necesario acabar con la endogamia política. La misma familia no puede repartiese las curules de las corporaciones públicas y las alcaldías y gobernaciones.
2.  Debe prohibirse que quienes ocupan una curul o desempeñan un cargo de elección popular sean candidatos a otra curul o empleo dentro del periodo para el cual fueron elegidos o un año después de su retiro si faltare tiempo menor para el vencimiento de dicho periodo.
3.  Deben exigirse calidades para ser alcalde o gobernador. No necesariamente títulos profesionales de carácter universitario, porque puede servir para los mismos efectos el trabajo cumplido en organizaciones sociales (sindicatos, cooperativas, ongs, juntas de acción comunal).
4.  Establecer formas de discriminación positiva a favor de las mujeres y los menores de 25 años que deben ocupar un porcentaje mínimo de las candidaturas que avalen los partidos.
5.  Prever que los ex gobernadores y ex alcaldes de elección popular que lo deseen puedan ser diputados o concejales ad-honoren del respectivo departamento o municipio, cuando haya transcurrido no menos de un periodo después de que hicieron dejación del cargo.
6.  Debería prohibirse la reelección indefinida de ediles, concejales y diputados, o permitirse únicamente la mediata o diferida. Para respetar el principio de igualdad, otro tanto debería hacerse en el caso de los congresistas.
7.  Así como hay un umbral para la validez del ejercicio de varias formas de participación democrática, lo debe haber igualmente para la elección de alcaldes y gobernadores. Si no se logra umbral, se debe repetir la votación con otros candidatos. Y si en ésta tampoco lo hay, que el Presidente de la República o el gobernador, según sea el caso, nombren para el resto del periodo.
8.  Deben ordenarse las dos vueltas, si nadie obtiene en la primera más del 50% de los votos, en la elección de los alcaldes de las ciudades de más de un millón de habitantes y de los gobernadores de los más importantes departamentos.
9.  Debe asegurarse la eficacia política y jurídica del voto en blanco.
10. Se deben acabar las elecciones atípicas  siempre que haga falta absoluta de un alcalde

* Abogado Constitucionalista, Exministro de Justicia, Exembajador de Colombia en Italia, Exministro de Gobierno,Exsenador de la República,  Excalde de Bogotá D.C, Investigador Científico, Escritor.