¿EXISTEN DISUASORES DE LA SEGURIDAD VIAL?

Hugo Arias Castellanos*

Una Política Pública legalmente establecida es un Mandato de Estado, o sea que debe de comprometernos a todos (sin excepciones) y ejecutarse, cualquiera que sea el partido político o la persona (gobernador o alcalde) que gobierne en el departamento, durante el horizonte de tiempo señalado para la plena vigencia de ella. Su Objetivo general se determinó así: "Establecer una Politica de movilidad segura de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras y calles Boyacenses, mediante estrategias, programas, proyectos y actividades de prevención de la accidentalidad vial, y de atención y tratamiento de situaciones derivadas de ésta..." (1)     

Nadie, en teoría o por la naturaleza humana, debiera oponerse a participar, constructiva y decididamente, en la implementación y ejecución de la Política Pública de Seguridad Vial 2010-2016, vigente en Boyacá, desde la promulgación, por la Honorable Asamblea Departamental de Boyacá, de la Ordenanza 025 de 2010. El asunto de la accidentalidad vial es de Salud Pública, de economía general y familiar y de calidad de vida para la colectividad y para todos los reales o potenciales afectados.

La realidad (por lo menos en principio) sobre la implementación y ejecución de esa Política Pública en Boyacá muestra que no hay conciencia plena; ni institucional ni comunitaria, sobre su necesidad, importancia y conveniencia colectiva.

Los efectos e impactos de la accidentalidad vial, a pesar de su gravedad y frecuencia, golpean circunstancialmente pero generan, casi siempre, grandes e irreparables daños que son asumidos, principal y estoicamente, por quienes los sufren o han de sufrirlos a pesar de todo lo que se dice, reiteradamente, para evitarlos.

Actitudes indolentes, y concientemente “interesadas” de varias instituciones, organizaciones y ciudadanos permiten apreciar que, en la práctica por lo menos comercial y financiera, hay instancias que viven y engordan, solapadamente, sus ingresos con el dolor ajeno. No hay que hacer muchos esfuerzos para constatar que con los efectos e impactos de los accidentes de tránsito y por razones de la inexorable demanda de bienes y servicios peculiares se lucran, sin sensibilidad real ni contemplaciones, muchas actividades como, entre una nube de ellas, ventas de medicamentos y elementos farmacológicos, IPS y EPS, colectivos médicos y paramédicos, clínicas y hospitales, seguros, iglesias, notarías y oficinas de registro, fabricantes  y distribuidores de vehículos y partes (aún los mercados "negros"), talleres de reparación de vehículos, bufetes de abogados (para todo lo que se les ocurra), hoteles, restaurantes, tipografías, funerarias, floristerías, cementerios, y tantas otras actividades con “humanos” al frente. No puede soslayarse, sobre el tema, que aún instituciones de gobierno con su negligencia, desidia, omisiones y tráficos de influencia tornan los ambientes en más trágicos; algunos “viven” de las multas o "prestaciones" por accidentes o por violaciones a las normas de tránsito, y  andan, con disfrazada avidez, a la caza de dineros de ese pesaroso origen.

Lo enunciado aquí conduce a formular, por ahora, algunas preguntas: 1- ¿Por qué hay desdén, casi generalizado, en Boyacá por el mejoramiento de la Seguridad Vial?

2- Después de más de un año de vigencia ¿quién la conoce útilmente y para qué ha servido en Boyacá la Política Pública de Seguridad Vial?

3- ¿Qué control político se ha hecho a ese respecto?  

4- ¿Quién querrá interesarse con objetividad y de manera sostenida y eficaz por la real disminución de la accidentalidad vial y por la cultura y ejercicio permanente de las buenas prácticas sobre las vías públicas?

5- ¿En esas circunstancias, coeteris paribus, y con tantos y tan pesados actores disuasores podríamos siquiera soñar con la utopía de una siniestralidad CERO en las calles y carreteras de Boyacá y de Colombia?

Así, la tarea de buscar, en serio, la Seguridad Vial se observa como de muy alta complejidad y más que “quijotesca”; pero alguien debe de asumirla, con sana e intensa pasión, para la tranquilidad profesional e institucional que ella ha de generar para beneficio cierto de toda la comunidad. La tarea de reducir y ojalá de evitar la siniestralidad vial compromete a todos tanto a gobernates como a gobernados de todas las clases y rangos (la probabilidad u ocurrencia de la accidentalidad vial, con todos sus efectos e impactos, pareciera no discriminar, pero sí golpea mucho más a tantos vulnerables). 

El compromiso de todos ha de ser prioritario (es por la propia vida y de la comunidad) y estar orientado y en marcha hacia la generación y práctica permanente de una cultura vial individual, familiar, comunitaria, institucional y organizacional que garantice la SALUD PÚBLICA por este concepto, y que asegure el mejoramiento continuo de la calidad de vida de toda la población.

(1) Ver Plan Departamental de Seguridad Vial 2010-2016, anexo de la Ordenaza 025 de 2010, promulgada por la Honorable Asamblea Departamental de Boyacá.

* Ingeniero en Transportes y Vías y Doctorado ( e) en Optimización de los Sistemas de Transporte,

Director del Observatorio SEGVIAL BOYACÁ

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